En los espacios donde se teje la vida escolar, cargados de rutinas impuestas, reglamentos técnicos y evaluaciones sin alma, urge reapropiarnos del sentido profundo de nuestras prácticas colectivas. La Asamblea de Docentes, en su origen, no fue pensada como un trámite. Fue —y debe seguir siendo— una herramienta de autogobierno, una expresión de soberanía pedagógica y comunitaria. Reconstituir su sentido no es un ejercicio nostálgico, sino un acto profundamente político: implica preguntarnos qué tipo de escuela estamos construyendo y para quién.
Como bien advirtió Fals Borda (1987), “no se trata sólo de analizar la realidad con ojos académicos, sino de transformarla con las manos de quienes la padecen y también la sueñan” (p. 42). La reconstrucción del papel de la Asamblea exige, entonces, mirar desde abajo, con y desde los actores que habitan la escuela: docentes, estudiantes, madres, padres y comunidades. Esta es una labor que no se hace en solitario, sino en comunión de saberes, donde la función docente se dignifica cuando se vincula con la lucha colectiva.
Catherine Walsh (2013) sostiene que reconstruir sentidos desde prácticas decoloniales exige un ejercicio de “desaprendizaje activo”, de cuestionamiento profundo de las estructuras que normalizan la exclusión y el silenciamiento en los espacios escolares. Y en esa línea, César Rendueles (2016) nos recuerda que “la democracia no consiste en votar de vez en cuando, sino en deliberar cotidianamente sobre cómo queremos vivir” (p. 119). La Asamblea, en su forma más genuina, es eso: una práctica democrática encarnada, un ejercicio cotidiano de decisión, de cuidado mutuo, de producción de sentidos compartidos.
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