En la memoria larga de nuestras luchas populares, el magisterio colombiano ha desempeñado un papel protagónico. No como simple ejecutor de políticas dictadas desde escritorios distantes, sino como constructor de horizontes colectivos y defensor de los derechos fundamentales de los pueblos. Así como el conocimiento no se da en el vacío, tampoco el ejercicio docente puede desligarse de los contextos de resistencia en los que se inscribe. En palabras de Freire (1970), “el maestro no enseña, sino que, en diálogo con el educando, ambos se transforman en sujetos del proceso en el que se educan” (p. 89).
La Asamblea de Docentes, en tanto espacio político, debe ser leída desde esta genealogía de luchas y conquistas: no como instancia de mera consulta, sino como expresión de la soberanía pedagógica del colectivo. Boaventura de Sousa Santos (2010) nos recuerda que la emancipación no puede fundarse en una sola racionalidad, sino en el reconocimiento de las epistemologías del sur, esas que nacen del sufrimiento, la exclusión, pero también de la creatividad y la esperanza. Desde allí, la voz del maestro y la maestra cobra fuerza: no sólo como actor funcional, sino como sujeto político y epistemológico.
Como bien ha dicho la educadora popular Gloria Galeano (2003), “cuando los maestros se reúnen, se conectan con el pulso del territorio y con los anhelos de las comunidades que caminan con ellos”. En ese sentido, la Asamblea no puede reducirse a un acto administrativo: es un escenario donde se reconfigura el horizonte ético, pedagógico y social del proyecto educativo institucional. Allí, el magisterio se afirma como protagonista, como sembrador de otra escuela posible.
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